Las instituciones importan: la minería, el conflicto y la violencia

En este artículo justamente queremos explorar cómo las instituciones, formales e informales, han sido clave para entender el conflicto violento alrededor de proyectos mineros en México.

Hace un año, en abril del 2020, asesinaron a Adan Vez Lira, activista ambiental en Veracruz. En los últimos años, se había dedicado a oponerse a proyectos mineros de tajo abierto dado su impacto socioambiental en reservas naturales. El incidente forma parte del 7% de los ataques a activistas ambientales atribuidos a la minería (CEMDA 2021). Hay muchas historias como ésta donde la actividad extractiva ha estado en el corazón del desenvolvimiento de la violencia. Diversas fuerzas y dinámicas han jugado su parte en estos conflictos: el impacto socioambiental, procesos de negociación fallidos, las asimetrías de poder entre empresa, estado y la comunidad, entre otras. Sin embargo, el rol de las instituciones es clave para entender el por qué se transformó en conflicto violento. Las leyes Agraria y Minera, la falta de mecanismos efectivos de resolución de controversias, la falta de instituciones estatales justas para la defensa del territorio, la impunidad institucionalizada en los mecanismos de justicia, etc. Todas estas aristas institucionales, al final, jugaron un papel. En este artículo justamente queremos explorar cómo las instituciones, formales e informales, han sido clave para entender el conflicto violento alrededor de proyectos mineros en México. 

La minería en sí misma tiene un impacto socioambiental particularmente disruptivo. Además, la gran mayoría de las concesiones mineras se encuentran en territorio ejidal, comunal o indígena. Dichos territorios, en su gran mayoría, constituyen comunidades con poder limitado frente a las empresas transnacionales en los procesos de negociación. Aquí surgen los conflictos, que pueden surgir desde la misma supervivencia (explotar mi territorio implica la destrucción de sus medios de vida) hasta el choque de concepciones de mundo, donde la explotación de la naturaleza no es aceptable dentro de las comunidades. La violencia, entonces, surge cuando los andamiajes institucionales no privilegian la resolución de conflictos de manera justa, sino refuerza las asimetrías de poder entre actores.

 

 

¿Por qué hay conflicto?: supervivencia, creencia  y poder

Antes de meterme de lleno en la discusión institucional, es importante entender por qué la actividad extractiva da pie a conflictos. Hay una gran variedad de estudios que se enfocan en explicar el origen de dichos conflictos. Es un tema no solamente de alto interés académico, sino político y económico. Estrategias de desarrollo económico estatal, monopolización de sectores, lucha por la autonomía del territorio y muchas otras tendencias sociopolíticas surgen a partir de dicha actividad. La Cámara Minera de México registró 169 proyectos parados por conflictos mineros alrededor del país entre 2013 y 2018 (Sol, 2020). Pero yo me quiero enfocar en tres explicaciones sobre los orígenes de los conflictos alrededor del extractivismo: la supervivencia, la creencia y el poder. 

La supervivencia es una de las explicaciones más básicas y claras sobre los orígenes de los conflictos alrededor del extractivismo. En comunidades y poblaciones donde la dependencia al medio ambiente inmediato, actividades tan disruptivas a la tierra  como la minería, pueden repercutir directamente en los medios de vida de los pobladores. De ahí surgen movilizaciones populares a la defensa del territorio, que Martínez Allier y Ramachandra Guha llaman ecologismo popular (2009). Dichas movilizaciones se encuentran en directo enfrentamiento (no necesariamente violento) con la minería y procesos similares, porque visualizan su presencia como una amenaza existencial. 

Así lo explicaron los ejidatarios de Benito Juárez  cuando rechazaron la actividad minera de la compañía canadiense MAG Silver en 2006. El argumento principal era que las actividades mineras iban a contaminar el río Del Carmen, y detonó un conflicto de años entre la empresa, la comisión ejidal y los mismos pobladores del municipio de Buenaventura (donde se encuentra el ejido) que trabajaban para la minera. Este conflicto culminó en el asesinato de una pareja miembro de la organización agraria El Barzón, Ismael Solorio y Marta Manuela Solís. Defender la cuenca es un tema existencial y vital para la vida comunitaria, detonando un conflicto que ha costado vidas. 

Las creencias contradictorias y concepciones ontológicas del mundo que compiten también están relacionadas a conflictos por supervivencia. De alguna manera, también son conflictos originados de amenazas existenciales de las comunidades o pueblos. Sin embargo, son amenazas existenciales a modos de vida distintos. Arturo Escobar describe estos conflictos como disputas “sobre los modos de vida posibles o aceptables” (2014). Aquí es dónde entran las diferencias de entender al medio ambiente como un ente separado de las sociedades humanas o como una parte íntegra de la sociedad misma, por ejemplo. Yásnaya Aguilar, intelectual ayuujk de la Región Mixe, argumenta que justo éstas son las diferencias principales entre el ambientalismo occidental y  la defensa del territorio de los pueblos indígenas. 

Prueba de ello ha sido la defensa de territorio sagrado de la nación Comcáac en Sonora. Independientemente de los procedimientos ilegales de la minera (iniciar actividades extractivas sin previo consentimiento de los Comcáac, no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental, ni permiso de uso de suelo del ayuntamiento), el conflicto se origina de la diferencia sustancial de entender su territorio. Además de ser la fuente de vida de los Comcáac, es además el territorio donde yacen sus ancestros y del cual ellos se consideran parte de manera existencial. Para la minera, es una región rica en minerales. La diferencia es, claramente, la asimetría de poder entre los Comcáac y la minera.

Así es como el poder juega su papel en la detonación de conflictos en áreas de extracción de minerales. Esta dimensión es el hilo común entre las dos previas, supervivencia y creencia. Cuando hablamos de poder en este contexto, estamos hablando del ejercicio del poder dentro de relaciones asimétricas: multinacionales aliadas con el Estado y las comunidades. Dos métodos son los clave para entender esto: la repartición desigual de beneficios y la criminalización de la protesta. En términos de repartición desigual, hablamos que los beneficios extraídos de las operaciones mineras no necesariamente son distribuidos equitativamente ni entre la comunidad, ni con la comunidad en sí. Esto causa distanciamientos y daño a las relaciones intracomunitarias. En términos de criminalización, es la alianza entre Estado y las empresas que criminalizan la protesta a estos proyectos como táctica de deslegitimación de las voces opositoras al proyecto.

 

 

Instituciones: el caso ejidal y las concesiones mineras

Entendiendo los orígenes de los conflictos que existen alrededor de la extracción minera,  podemos explorar el papel de los órdenes institucionales en la violencia en estas instancias. Como planteé antes, en este artículo me refiero a las instituciones no como sinónimo de órganos gubernamentales, sino como las reglas del juego que se han determinado de manera formal (como la Constitución, por ejemplo) o informal (como el famoso dedazo presidencial de la época priista). En relación a la violencia alrededor de la extracción minera, me refiero a las diferentes reglas del juego que incitan la violencia. Estas reglas se manifiestan como la violencia como orden institucional, la competencia entre diferentes órdenes institucionales y la supresión violenta de instituciones locales. Para explorar estas tres facetas, quiero explorar la tenencia de la tierra en México, las concesiones mineras y los puntos de conflictividad minera. Para explorar esto nos vamos a enfocar en los ejidos, una institución de propiedad comunal reconocida por el Estado Mexicano, donde el 60% de ellos tienen proyectos mineros (Sol 2018: 99). 

En casos donde la violencia no es la excepción y se ha logrado integrar como la manera de organizar a la sociedad, entonces cuando se detonan los conflictos alrededor de la extracción minera, la violencia es la manera para mediar y resolver estos conflictos. Los diferentes actores (las empresas mineras, las autoridades federales y locales, las organizaciones sociales, el crimen organizado), utilizan métodos violentos como el lenguaje que se entiende. Dada la naturaleza institucional de las tierras ejidales, la violencia puede volverse un método en el cual se convenzan a las voces disidentes para obtener la aprobación consensuada de la asamblea. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental identificó en su reporte del 2019, una diversidad de tácticas para amenazar a las activistas ambientales o comisarios ejidales que se oponen a proyectos.

Así es como las contradicciones entre diferentes órdenes institucionales (principios de propiedad privada y propiedad comunal) también pueden causar violencia. Por un lado, la legislación nacional e internacional1 protegen las tierras comunales, los derechos a la consulta y la protección de comunidades a daños sociales y ambientales. Por otro lado, hay estados como Guerrero (Mapa 1, 2 & 3) donde tiene un alto porcentaje de tierra ejidal y donde han crecido las concesiones mineras en los últimos 6 años . Estos mapas pintan un caso en donde, sin establecer causalidad, existe una relación entre el crecimiento de conflictos mineros (Sol 2019).

 1: Instrumentos Internacionales: Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas, entre otras. Instrumentos nacionales: Instrumentos Nacionales: Ley Agraria, Ley General de Asentamientos Humanos, Artículo 27 Constitucional, entre otras.

 

Mapas nacionales: 1) Tenencia de tierra ejidal por estado, 2) Concesiones mineras en el 2015, 3) Concesiones mineras en el 2019

Tan es así, que los casos más críticos de imposición institucional puede incrementar el riesgo a violencia aún más. El caso de las instituciones indígenas siendo devaluadas frente a acuerdos federales y estatales con las empresas, la repartición desigual entre miembros de la comunidad, y las grandes diferencias entre cosmovisiones, tienen un efecto claro en el incremento de riesgo a violencia. Aquí estamos hablando de construcción de nuevos mecanismos de diálogo que no están apegados a los principios de consulta previa e informada, por ejemplo. O a los casos donde se retoman las autoridades ejidales sobre las autoridades de los pueblos indígenas, las cuales pueden ser diferentes, y perder legitimidad dentro de la misma comunidad. Son los órdenes institucionales impuestos que pueden facilitar el uso del recurso de la violencia o como medio de negociación, o como efecto de desigualdad. 

 

Conclusiones: instituciones para la paz

Las instituciones importan. Al comenzar esta pieza comenzamos con esa premisa. Esa frase plantea que las reglas del juego tienen un efecto en la manera en que la violencia rige vidas: cómo se manejan los conflictos, cómo se resuelven las asimetrías de poder, cómo se ponen en diálogo diferentes modos de vida. La extracción minera es una de las actividades más contenciosas en donde suceden. Los orígenes pueden partir de los instintos básicos de supervivencia, de choque de visiones de mundo o de manifestaciones de asimetrías de poder entre las partes. Y en todos estos casos, las instituciones importan. 

Tomando el ejemplo del ejido, entendemos como hay maneras en que diferentes instituciones pueden exacerbar la violencia. La violencia en sí misma puede ser parte de las reglas del juego. También actores que defienden órdenes institucionales diferentes pueden competir entre sí, para que sus reglas sean las que funcionen. Finalmente, las instituciones, usualmente del Estado, pueden imponerse sobre reglas establecidas en comunidades locales. Y, a pesar de que éstas pueden ser situaciones que no solamente hablan de gobernanza ambiental, son particularmente importantes en situaciones donde hay visiones diferentes de mundo sobre nuestra relación con el medio ambiente.

Retomando a Yasnáya Aguilar estamos hablando de Jëtsuk, o defensa del territorio, donde se entiende como una lucha existencial de las comunidades Mixes de las que ella forma parte (2021). No se puede hablar de paz sin hablar de medio ambiente, y viceversa. Entonces, cuando discutimos si las instituciones, o las reglas del juego,  importan para entender esta relación, pues claro que importan. Importan porque, si queremos enfrentar la crisis climática con justicia, tenemos que buscar maneras en que las reglas del juego del futuro y del presente construyan paz, no violencia.

 

Bibliografía

 CEMDA Informe Sobre Situación de Defensores de los Derechos Humanos Ambientales

https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/1002

https://elpais.com/mexico/2021-04-04/jetsuk-nuestro-ambientalismo-se-llama-defensa-del-territorio.html

http://miranoscemda.org.mx/#informe

 

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